ASG pide una nueva Ley de Transporte Terrestre para dar respuesta a sus actuales desafíos
4 septiembre, 2024
La presidenta del Grupo Parlamentario, Melodie Mendoza, defiende el contenido del decreto ley aprobado por el Gobierno canario, que modifica la normativa actual, pero considera que después de 17 de años de su aprobación hay que ir más allá
Destaca el consenso alcanzado con transportistas, ayuntamientos y cabildos sobre el contenido del decreto ley que proporciona las herramientas necesarias a las corporaciones locales e insulares para regular la implantación de taxis y VTC
La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha animado este miércoles al Gobierno de Canarias a elaborar una nueva Ley de Transporte Terrestre, o actualizar la existente, con el objetivo de dar respuesta a los actuales desafíos del sector, toda vez que la normativa vigente fue aprobada hace diecisiete años.
Durante la sesión de la Comisión General de Cabildos Insulares celebrada en el Parlamento, Melodie Mendoza manifestó el respaldo de su formación al contenido del decreto ley aprobado por el Ejecutivo para la ordenación del transporte por carretera de Canarias, pues “proporciona las herramientas necesarias a las corporaciones locales e insulares para regular la implantación de taxis y VTC –vehículos de transporte con conductor–, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad”.
En este sentido, indicó que en estos momentos las solicitudes de autorización de VTC en Canarias, competencia de los cabildos insulares, supera las 8.500 en las dos islas capitalinas. En el caso concreto de La Gomera, dijo que, en estos momentos, hay 62 licencias de taxi, dos VTC autorizados y 42 solicitudes pendientes.
Del mismo modo, destacó el consenso alcanzado con transportistas, ayuntamientos y cabildos sobre el contenido que va a permitir hacer frente a una problemática existente con reglas homogéneas.
Resolver problemas
La parlamentaria por la Isla de La Gomera también mostró su apoyo al decreto ley aprobado por el Ejecutivo canario de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, al entender que establece una serie de disposiciones urgentes dirigidas a mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos humanos de la Administración Pública, disminuir la temporalidad y preservar a los menores de los peligros de los juegos de azar.
Según apuntó, el decreto ley tiene “vocación de mejorar la situación actual y de resolver problemas de los que nos quejamos constantemente”, más en concreto las ineficiencias de la Administración Pública.
