ASG apuesta por el consenso y la atención particular para evitar desahucios
10 junio, 2016
La formación política se posicionó al lado de las familias que se encuentran en situaciones límite y pueden llegar a perder su hogar
Antes de acometer un lanzamiento se debe realice un estudio exhaustivo en el que primen los protocolos de prevención. Así lo entiende Agrupación Socialista Gomera (ASG), que en el último pleno del Parlamento de Canarias se posicionó al lado de las familias que se encuentran en situaciones límite y pueden llegar a perder su hogar.
“Apostamos por estudiar caso por caso, para encontrar en cada situación la mejor alternativa y las medidas efectivas que nos lleven a evitar el desahucio”, dijo la diputada Melodie Mendoza, antes de apostar de manera clara por el consenso y la atención particular.
La representante de ASG apuntó que “todos somos conocedores del drama que entraña un desahucio, cuyo desgaste personal y psíquico es enorme, por no hablar del estigma social que genera este doloroso proceso, se trate de un desahucio entre particulares o de una ejecución hipotecaria”.
Insistió en que ASG siempre estará al lado de las personas y, por tanto, junto a todas aquellas familias que han tenido que soportar este sufrimiento o se encuentran en situaciones límite y pueden perder su hogar.
“Es fundamental que, desde el Gobierno, los Cabildos, los Ayuntamientos, el Instituto Canario de la Vivienda, las plataformas antidesahucios y las entidades financieras, además de cualquier agente que pudiera estar implicado, se abra un diálogo que conduzca al entendimiento para paliar esta grave problemática y, por consiguiente, consigamos reducir al máximo esa escalofriante cifra de personas obligadas a abandonar su hogar, que en 2015 aumentó un 2,2 por ciento”, señaló.
Melodie Mendoza declaró que el Gobierno canario se trabaja en la buena senda, y que las iniciativas emprendidas marcan el camino a seguir, pero insistió en la necesidad de brindar alternativas viables eficientes a cada caso y a cada familia, ya sean alquileres sociales de baja renta durante el período que se estime, o bien viviendas de protección oficial, sin descartar cualquier otro recurso.
“Son esenciales los acuerdos para evitar situaciones dramáticas y garantizar el cumplimiento del derecho”, concluyó.
