Una coyuntura decisiva
1 octubre, 2023
Hay gente que está preocupada por una posible amnistía a los encausados por los incidentes en Cataluña y por la integridad constitucional de España. Con todos mis respetos por la opinión ajena, yo estoy bastante más preocupado por el sistema eléctrico de Canarias que está al borde del colapso; por el incremento del precio de los artículos de consumo, que nos hace más pobres o por la nueva fiscalidad al combustible de aviación y la subida de tasas de AENA que aleja mucho más a las islas del continente europeo.
Vivimos tiempos complicados que necesitan la respuesta de un gobierno. Hubo una época en que, fuera cual fuera el color político del gobierno, de una tendencia o de otra, la gente tenía la sensación de que se hacían cosas útiles. Lo peor que nos podría pasar es lo que ha pasado: que el desencanto haya calado en una sociedad defraudada por una democracia convertida en espectáculo y basada en el desentendimiento y la descalificación.
Los partidos políticos y los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en haber trasladado esa imagen que reduce nuestro trabajo a una especie de endogamia, preocupada solamente por los juegos del poder. No es así. Gran parte del progreso y del desarrollo que ha tenido nuestro país en estos años se ha basado en leyes e inversiones públicas que han tenido una importancia capital en la transformación de nuestra sociedad en un estado de auténtico bienestar.
Esta pasada semana hemos vivido el fracaso de una investidura de la derecha. Para que no haya otra vez elecciones —que sería una grave irresponsabilidad— se hace necesaria una nueva alternativa por la izquierda. Pero las responsabilidades que habrá de asumir el futuro gobierno van mucho más allá del encaje de las nacionalidades en el Estado español, aunque sea esto de lo que todo el mundo habla. En el caso de nuestras islas, por ejemplo, existen decisiones y medidas que son inaplazables y que condicionan nuestro futuro.
Es absolutamente innegociable la adaptación de la legislación en materia energética para que en el archipiélago se realicen las inversiones necesarias que garanticen la estabilidad del sistema: en pleno siglo XXI no se pueden seguir produciendo cortes de suministro como si fuéramos una república bananera. Y es fundamental que se atienda a la ultraperificidad y lejanía de nuestra tierra para que las políticas fiscales que gravan los combustibles tradicionales, en el tráfico aéreo y marítimo, se exceptúen durante el tiempo necesario para la readaptación de las compañías aéreas y navieras a los nuevos biocombustibles.
Existe un consenso generalizado —que es bien extraño— en la política y los políticos de Canarias en estos dos aspectos. Nos jugamos mucho. Los indicadores de nuestra sociedad llevan ya bastante años arrojando señales de alarma muy preocupantes, como es el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, la pérdida de riqueza de nuestra economía y el atasco de nuestros sectores productivos. Y esa realidad es aún peor cuando se analiza la evolución en las llamadas Islas Verdes, con economías extremadamente frágiles que soportan los sobrecostos de la doble insularidad.
Sea cual sea el escenario político por el que se decanten las mayorías en el futuro Gobierno de España, nuestra estrategia de supervivencia reside en la capacidad de convencimiento que tengamos ante Madrid y Bruselas para que se practique fielmente lo que dice el acervo comunitario: que las políticas generales de la Unión Europea deben modularse y adaptarse de manera especial para aquellos territorios comunitarios que no son continentales y que por lo tanto padecen situaciones, problemas y hándicaps diferentes. Eso, que es tan sencillo de entender, no es tan fácil de llevar a la práctica.
Las Islas Canarias tienen una alta dependencia de las políticas públicas del Estado y de Europa. Ser europeos de pleno derecho ha supuesto muchos cambios y un desarrollo sustancial para nosotros. Pero si desaparecen las políticas especiales, la solidaridad y el apoyo de los conciudadanos europeos, aquella decisión empezaría a perder sentido. Conviene que no lo olvidemos, ni aquí ni allí.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias
