La vida no es igual para todos los canarios
21 abril, 2019
Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso dice un viejo refrán. Hace cuatro años, al comienzo de esta legislatura, Agrupación Socialista Gomera le pidió al Gobierno de Canarias que elaborase un estudio donde se pusieran, negro sobre blanco, los costos de la insularidad y de la doble insularidad. Le dijimos que ya era hora de dejar de hablar de oídas y que había que calcular con exactitud cuáles eran los extracostos de vivir en Canarias.
Una y otra vez hemos recordado ese compromiso en el Parlamento de Canarias, sin mucho éxito. Esta semana, al fin, la Consejería de Economía del Gobierno canario ha anunciado que dispone de los resultados de ese estudio y adelanta que la cifra de los sobrecostos que padecen nuestras islas supera los cinco mil millones de euros. Nos alegra que ya exista el estudio aunque haya llegado con tanto retraso y aunque el Gobierno no haya tenido la deferencia de aclarar quién se lo había pedido ni la elegancia de hacérnoslo llegar.
¿Por qué hemos pedido esos datos con tanta insistencia? Pues porque desde hace muchos años se ha instalado en la mentalidad de algunos funcionarios de Madrid y en la de muchos conciudadanos españoles, que con Canarias se mantiene un trato de privilegio. Es decir, que las compensaciones que se destinan a los dos millones de ciudadanos europeos que vivimos en estas islas son una especie de trato de favor.
Nada más lejos de la realidad. Desde casi el momento mismo que siguió a la Conquista de Canarias, los diferentes gobiernos que han existido en España han establecido especiales disposiciones económicas y fiscales adecuadas a la realidad de una tierra lejana y fragmentada como la nuestra. Sin ellas, el desarrollo de Canarias habría sido imposible. Esas normas fundamentales cristalizaron en los Puertos Francos a mediados del siglo XIX y siguieron, ya más tarde, en la década de los años setenta, con la Ley de Régimen Económico y Fiscal de 1972, donde se terminaron recogiendo las especialidades fiscales y aduaneras de las islas.
Pero existe una verdad incómoda. Si Canarias no ha sabido explicar nunca suficientemente bien a Madrid los costos derivados de la insularidad, tampoco ha querido fijarse en los sobrecostos de una doble insularidad que afecta a las islas no capitalinas. ¿Es aceptable que un ciudadano de La Gomera pague los combustibles más caros que en las dos grandes islas? ¿Es justo que la cesta de la compra en las islas no capitalinas sea mayor que en las dos grandes?
Hace años se hizo un estudio denominado «Informe Tomillo» en el que se determinaba una evidencia: el costo de la vida y de la actividad económica en las islas no capitalinas estaba especialmente gravado por unos sobreprecios a veces insuperables. Sin masa crítica para el establecimiento de grandes mercados, sin sedes de grandes empresas, sin mercado de trabajo, con un abastecimiento dependiente de las dos grandes islas, que se han convertido en los centros redistribuidores de mercancías, en las islas denominadas «menores» las cargas económicas y las limitaciones que padecían los ciudadanos eran mucho mayores. Y a todo eso, hay que unir la peculiar distribución en las administraciones públicas de Canarias. Las grandes infraestructuras educativas y sanitarias están en las grandes áreas metropolitanas, Las Palmas y Santa Cruz, donde trabajan los más de sesenta mil empleados públicos de una Comunidad Autómoma que se repartió, con exquisito equilibrio, solamente entre dos de las siete islas de Canarias.
Los datos del estudio que ha presentado el Gobierno de Canarias –ya era hora– confirman lo que ya hemos venido clamando desde hace años. Que vivir en Canarias tiene unos costos añadidos. Y que dentro de esa realidad, la vida no es igual para todos los canarios. Los ciudadanos de las tres islas Occidentales, La Palma, El Hierro y La Gomera, padecen unas condiciones aún más difíciles y no tienen ni los mismos servicios públicos ni las mismas oportunidades.
Nosotros hemos levantado la voz para decir alto y fuerte que hace falta repensar este modelo desequilibrado e injusto, poblacional y económico, con el que hemos construido esta tierra. Y que hay que cambiar las cosas para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Esa es la lucha que hemos emprendido desde Agrupación Socialista Gomera en nombre de nuestra isla y de toda Canarias. Una lucha a la que no pensamos renunciar.
CASIMIRO CURBELO
Presidente del Cabildo de La Gomera y secretario general de ASG
